nuevo sistema de cotización por ingresos reales

Escrivá cede y baja la cuota mínima de los autónomos a 230 euros para cerrar la reforma

El Gobierno oculta cuánto aumentará el gasto con la reforma de las pensiones
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cede frente a las exigencias de las asociaciones de autónomos tras poner encima de la mesa una nueva propuesta en la que rebaja la cuota mínima a 230 euros en 2023, a 225 euros en 2024 y 200 euros en 2025. Un nuevo sistema de cotización por ingresos reales que el Ejecutivo muy similares a las planteadas por ATA y Cepyme, pero lejos de las propuestas de máximos planteadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según han confirmado fuentes cercanas al proceso en conversaciones con este diario, el ministro de Seguridad Social ha rebajado la cuota mínima, pero ha apostado por mantener intacta las cuotas por la parte alta de la tabla, dejando para los autónomos que más ganan cuotas de 500, 530 y 590 euros para los próximos tres años. El resto de las cotizaciones permanecen casi sin cambios, salvo ligeras rebajas en algunos de los tramos de menores rendimientos.

Una vez fijados estos tramos dependerá del trabajador por cuenta propia el modificar los rendimientos previstos en caso de mejora o empeoramiento de la facturación a lo largo del año.

Además, incorpora que los autónomos dados de alta en el régimen especial a 31 de diciembre de 2022 podrán seguir cotizando durante 2023 sobre la base que les correspondería en enero de ese año, aplicando a la base de cotización de diciembre de 2022 los incrementos que correspondiera en función de los Presupuestos. También, mantiene los beneficios de cotización aplicables a determinados autónomos que contempla la legislación actual hasta que se agoten los periodos máximos.

A falta de cerrarse los últimos flecos, la Seguridad Social podrá presentar el texto, que se cerró en la noche de este lunes y que ocupa algo más de 100 páginas, ante Europa en los próximos días, ya que esta es una de las condiciones que impuso Bruselas al Gobierno de Pedro Sánchez para el reparto de los fondos europeos de 2023.

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